En el lenguaje popular tenemos numerosos proverbios de gran utilidad de una sociedad que ha funcionado con pautas a corto plazo en los aspectos culturales y religiosos. En Canarias el verano lo asociamos al «40 de mayo». Hablamos de una fecha de peligro de incendio asociada con la naturaleza e hilvanada con referencias religiosas en un marco temporal relacionado con la naturaleza, meteorología, biología y demandas humanas. Son actividades como la agricultura, el pastoreo, la siembra, escarda o la poda. También hablamos de un periodo de lluvia, sequía, recolección de la cosecha, fiestas y otros aspectos religiosos y culturales que nos han marcado. Y no debemos olvidarnos de obligaciones colectivas que debíamos cumplir como la mejora y el mantenimiento de caminos, la gestión del monte y zonas de pastos comunes y la recolección de leña.
Los usos de lo público tenían múltiples limitaciones. Hasta hace unos años, el medio ambiente lo gestionaba el Estado y los ayuntamientos, situándose básicamente en el monte con la recogida de leña y el pastoreo. En las cinco islas occidentales se produce en el siglo XIX una batalla entre los que quieren la privatización de los montes y los que defienden el papel social del mismo. Así, en Tenerife todos los ayuntamientos tienen montes públicos, excepto Arona y San Miguel, quedando colgado el Puerto de la Cruz al separarse de La Orotava. Sin embargo, con la desamortización de Fasnia y Buenavista del Norte –al igual que muchos municipios de Gran Canaria– se privatizan los montes del municipio. Valga como referencia que el Cabildo de Tenerife adquiere en la primera década del siglo XX parte de los montes de Buenavista y Fasnia.
Además, el Cabildo de Tenerife se preocupó de gestionar otros espacios no forestales de interés ambiental carentes de actividades agrarias. Eso se hizo en la primera década del siglo XX, incorporando Montaña Roja, Montaña de Guaza, Montaña Amarilla, Malpaís de Güímar, por citar algunos de los ejemplos más significativos.
Precisamente en Güímar se establecen criterios de conservación y se mejoran los senderos, se repone la vegetación y se establecen normas de cuidados con defensa del entorno con un seguimiento de vigilantes de medioambiente. Es bueno saber que ni se compraron ni expropiaron terrenos y que dichos planteamientos conservacionistas se hicieron en fincas privadas con acuerdos con los propietarios. Se respetaron los usos tradicionales en dichas fincas, separando los espacios protegidos del resto y se establecieron acuerdos con los propietarios del suelo. En lugares como Rasca, Güímar y Guaza conseguimos un pacto de buenas relaciones entre el Cabildo y los propietarios del territorio, que hoy en día siguen protegidos. Creo que sería bueno mantener un pacto de buenas relaciones en el que convivan la gestión ambiental y las actividades agroganaderas.
La naturaleza en Canarias es hija de pastores y agricultores y hemos de contar con los mismos incluso de manera egoísta para poner algo en el caldero. No olvidemos que en Canarias hemos perdido el 25% de la actividad agroganadera. Es bueno que reflexionemos sobre lo que ocurre con el suelo, tanto el supuestamente protegido como el que cultivamos en los últimos 80 años.
Hemos pasado de 600.000 habitantes a más de 2.000.000, de cultivar 2.500 m2 de tierra por habitante a unos 200 m2 por habitante. Ahora hagamos memoria de los últimos acontecimientos: vacas locas, crisis del ladrillo, COVID-19, guerra de Ucrania, caída del PIB, inflación de más de 7%, kilovatios/hora, viruela del mono.
Los alegatos proteccionistas hemos de entenderlos contando con las personas que viven en las islas, con una cultura solidaria en el plano social y ambiental. No es entendible que frente a las actividades agrarias que respetan la naturaleza y que quieren recuperar un suelo que hace unos años se cultivó y que está considerado como zona de cultivo se quiera plantear ahora una supuesta protección para recuperar tabaibas, cardones y verodes.
El medio ambiente es algo básico y, por supuesto, la agricultura y lo que demandan nuestros estómagos también. Por ello lamentamos que unos agricultores que quieran cultivar en parcelas en el malpaís de Güímar que fueron labradas en el pasado encuentren dificultades ahora para hacer su actividad. La Administración debe reflexionar y permitir que convivan los usos tradicionales de la agricultura y el medio ambiente, de tal forma que en el Malpaís se pueda seguir desarrollando una actividad respetuosa con el entorno que es básica para los agricultores.
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