Hasta hace algunos años estábamos condicionados en alimentarnos con lo que producíamos en nuestra tierra y solo importábamos aceite, azúcar, trigo o millo para la elaboración del pan y el gofio, así como una ración para las bestias de carga y las gallinas y algo de pescado salado y sardinas en latas. El aislamiento y la carencia de las neveras nos obligaban a mirar para el campo para obtener fruta de temporada como higos, tunos, manzanas e incluso almendras.
En esa época se reactiva la exportación de tomates y papas a las islas británicas y al continente, creando numerosas cooperativas de tomates y papas. Así, son significativos los casos del sur de Fuerteventura y la Aldea de San Nicolás de Tolentino en Gran Canaria, mientras que en Tenerife y Gran Canaria se crean empresas tomateras individuales, situación que produce la creación de las cooperativas de Santiago del Teide: Tamaimo, Acaymo, Guía de Isora, Arona, San Miguel, Granadilla, Arico, Fasnia y El Escobonal.
De esta forma, surgieron verdaderos emporios que capitalizaron y construyeron nuevas instalaciones adecuadas, organizando y coordinando de manera insular y regional fletes y cámara de fríos en los puertos, lo que generó miles de puestos de trabajo, como en el caso de los tomates, en los que había más de 20.000 personas. Además, las papas eran un capítulo importante con más de 15.000 hectáreas cultivadas entre abastecimiento y exportación. Sin embargo, éstas entraron en crisis al incorporarse Inglaterra a la Unión Europea, lo que unido a la expansión de la construcción y al turismo en Canarias produjo una pérdida del mercado exterior y el desplazamiento del mercado local.
El surgimiento de las grandes cadenas de alimentos en el Archipiélago y la desarticulación del sector local atomizado -los llamados gangocheros locales- producen un gran daño a la producción local. Las grandes superficies desplazan la distribución tradicional de papas, creando una situación de desmoralización que contribuye a la crisis actual. Así, abastecen el mercado ante la urbanización de la población y no existe un control de las importaciones de terceros países, como el caso de las papas de Egipto, Israel, Chipre o excedentes de Inglaterra y sus famosas ‘papas dumping’. Mientras tanto, aquí hay una mala organización por la falta de cámaras de frío, que no solo sirven para mantener la cosecha algunos meses, sino también para frenar la propagación de la polilla guatemalteca.
¿Dónde están las Administraciones públicas para solventar estos problemas? Ni están ni se les espera. Los responsables públicos de la agricultura y todos los que tenemos que ver con el interés social no podemos estar alejados de dicha problemática. Hemos de establecer unos criterios básicos, ya que no es entendible el alejamiento que existe entre agricultura y el medioambiente, incluido algo tan básico como el autoabastecimiento de nuestro pueblo.
El Gobierno de Canarias y el resto de las instituciones públicas –no me olvido de los Cabildos- han de crear un tejido técnico y social que armonice aspectos agronómicos ambientales y sociales que garanticen el máximo de autoabastecimiento. Para ello deben contar con los campesinos, garantizando a los agricultores los costes de producción y controlando una superficie regular que cubra en teoría la demanda interna. El abastecimiento de las Islas será prioritario como compromiso de siembra para el abastecimiento, con precios adecuados que garanticen al agricultor su continuidad.
Las importaciones tienen que ser algo estratégico y hemos de contar con la producción local. Hemos de crear instalaciones complementarias para almacenar las papas, potenciar a las empresas con responsabilidad compartida con la Administración y la dotación de cámaras frigoríficas para el mantenimiento de la producción y la lucha contra la polilla guatemalteca. Además, es necesario establecer ayudas para los que practican la rotación para mantener la fertilidad del suelo y neutralizar la polilla y realizar un seguimiento técnico entre los agricultores, la economía y el medioambiente rural.
La Administración ha de crear un fondo con recursos públicos, con un equipo técnico que se preocupe de la incorporación de agricultores jóvenes, con garantías de aportes con créditos blandos y criterios profesionales técnicos y económicos para las generaciones que quieren comprometerse con el campo y la agricultura. Las tierras de cultivo abandonadas deben tener una penalización. Con eso se fomentará un banco de tierras en el que se incorporarán agricultores, a los que hay que garantizarle los costes de producción. Está en nuestras manos que 2022 sea el último año en el que los agricultores no cubran costes de producción.
La producción de alimentos en Canarias es un tema estratégico que no tiene color político. Es un tema de ser o no ser, de tener o no tener, “to be, or not to be”, que dicen los anglosajones. La Administración tiene que controlar las marcas blancas con productos de la tierra. No se puede marginar la producción local y al ganadero y al agricultor no se les puede comprar por debajo del precio de los costes de producción y en las grandes superficies tiene que haber productos de la tierra. Si establecemos unos criterios claros por parte de la Administración, podemos autoabastecernos. Eso mejorará la vida en el medio rural, reducirá la dependencia del exterior y mejorará el medioambiente y la economía en el medio canario.
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