Los últimos acontecimientos relacionados con los incendios forestales ponen de manifiesto algunos puntos débiles en una sociedad desorientada. Nos hemos creído que la tecnología y el desarrollo económico pueden gestionar la naturaleza, alejándonos de la cultura tradicional del campo y gestionando éste desde la ciudad mediante máquinas ignorando las leyes de la naturaleza.
La palabra ‘prevención’ se ha olvidado al hablar de la gestión de los montes en los países desarrollados. California (Estados Unidos), Australia, Portugal y Grecia son ejemplos de la sorpresa ante la magnitud de los incendios en los últimos años, donde buscamos asociar este grave problema al cambio climático.
En España en los últimos meses se han quemado más de 200.000 hectáreas, con más de 40 incendios de más de 500 hectáreas cada uno. En los medios de comunicación se trata frecuentemente este asunto como si el modelo de gestión del mundo rural no tuviera pastores ni campesinos, dejando en manos de técnicos la gestión de nuestro campo. A esto se añade el ‘cambio climático’ y de manera tangencial la llamada ‘España vaciada’ de nuestros pueblos y caseríos.
En Canarias hemos declarado el 50% del territorio protegido. Es decir, hemos separado a agricultores y ganaderos de la gestión de esa mitad de nuestras islas. ¿Podemos permitirnos continuar declarando espacios protegidos sin presupuesto ni compromiso de gestión? ¿Dónde están los equipos humanos y materiales para esta enorme superficie? ¿Qué Administración con competencias tiene presupuesto suficiente? Se han puesto en el papel una serie de declaraciones e intenciones pero sin recursos suficientes y, lo que es peor, dividiendo los esfuerzos entre los distintos niveles de nuestra Administración.
Por otro lado, hemos maltratado a nuestros agricultores y ganaderos, tanto desde el punto de vista económico como con una pesada burocracia que impide los usos tradicionales. En la década de los 70 del pasado siglo –no hace tanto- se introdujeron en Tenerife y La Palma muflones, arruís e incluso gamos, tras prohibir años antes el pastoreo trashumante en las cumbres en los meses de verano, cuando se retiraron de las cumbres de Tenerife más de 10.000 cabras y ovejas.
Posteriormente, las importaciones de cárnicos y lácteos deterioraron la situación de la ganadería insular y la reducción del número de cabezas de ganado trajo como consecuencia el crecimiento descontrolado de la vegetación en nuestros montes, con un aumento de la superficie forestal en terrenos privados sin ningún tipo de gestión. Por supuesto que es positivo el crecimiento de la superficie arbolada, pero la mayor parte del incremento ha resultado en terrenos de cultivo abandonados que ahora están ocupados por matorral y monte bajo donde no se retira el material vegetal seco.
Necesitamos una política forestal y ambiental clara y precisa, coordinada y despolitizada que esté enfocada no solo en la extinción sino en la prevención. La interpretación de las leyes y las competencias solapadas y confusas no pueden ser obstáculo para desbrozar y limpiar nuestros montes porque el fuego no entiende de palabras, escritos y declaraciones, sino de trabajo a pie de campo.
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