Cuando el esperancero don Francisco Delgado se vio obligado, porque era su modo de vida y un recurso fundamental para empaquetados y demás, a traer pinocha en barcos vapores desde El Hierro porque los montes de Tenerife estaban literalmente barridos, -allá por la década de los años 50 del siglo pasado-, hablábamos de una masa forestal diezmada fruto de unas épocas duras donde mayoritariamente se cocinó con leña hasta que se generalizara el butano. Hoy, la realidad de este oficio es bien distinta y no por falta ni de recursos ni de demanda, todo lo contrario.
Ni un diez por ciento de la pinocha que se recogía hace dos décadas o tres se está recogiendo hoy y los motivos son múltiples. Una labor que, bajo un control, respetando zonas de riesgo erosivo y áreas especialmente sensibles, habría que entender como de interés general para esta sociedad urbanita por razones varias. Entre ellas, especialmente las que tienen que ver con los riesgos de incendios, pero sin olvidar las de carácter socioambiental. Efectivamente, hoy día existe una gran demanda de pinocha, sobre todo en plataneras y cultivos ecológicos ante la falta de estiércol.
Lo que no abunda tanto, sin embargo, son los pinocheros y las posibilidades de los más organizados y con medios -de transporte y demás- de conseguir trabajadores y mucho menos en estos años electorales donde los contratos para trabajar en jardines, barrer o atacar el rabo de gato se multiplican en ocasiones hasta de forma obscena. ¿No sería más razonable apoyar a los emprendedores que crean empleo para poder mejorar las condiciones laborales que competir con ellos hasta dejarlos desprovistos de la mano de obra necesaria en estas labores con las que históricamente nadie se ha puesto millonario tampoco? Una vez que pasen las campañas electorales o que las arcas públicas tengan que ponerse un corsé económico, como no hace mucho tiempo, ¿quién se hará cargo de ofrecer empleo si acabamos con la viabilidad del pequeño emprendedor?
En el caso de los pinocheros estamos hablando de que, a diferencia de las empresas públicas tipo Tragsa o Gesplan -que en ocasiones llevan a cabo una competencia claramente desleal con el emprendedor privado-, tienen que acudir a subastas de los Cabildos y Ayuntamientos a sobre cerrado y jugársela en todos los aspectos, máxime al precio que se han puesto los costes laborales y la inflación que afecta a combustibles, coste de vehículos y reparaciones de todo tipo.
No hay mano de obra para responder a la demanda de pinocha y estiércol para la agricultura, y eso que ya las cuadras de caballos no la demandan como antes porque directamente utilizan la paja de importación como cama. Sí, un recurso que antaño era casi que un sagrado alimento, ahora se tira al suelo para que se echen y hagan sus necesidades los equinos que, al contrario que las vacas o las cabras que dan leche y producen queso, proliferan por las medianías de Tenerife de forma casi exponencial. Eso sí, aún se produce un encuentro cultural en las múltiples romerías que se celebran a lo largo y ancho del territorio.
En los tiempos que corren, todo lo que sea trabajar por una agricultura menos dependiente del exterior, en enmiendas y/o fertilizantes para el suelo -téngase en cuenta que la pinocha también es clave para mantener unos buenos niveles de humedad y evita la proliferación de las malas hierbas- debería considerarse como política estratégica para el futuro de esta tierra. Si, además de ello, tenemos en cuenta que el trabajo del pinochero evita riesgos forestales, pues está claro que merecería la pena apoyarlos y no precisamente con subastas o con sanciones de tráfico porque no había espacio suficiente para arrimar el camión y el triángulo obligatorio no se considera suficiente. Y más cuando justamente se están evitando riesgos en nuestras carreteras de montaña, tanto de incendios como de accidentes.
Sí, nuestros pinocheros debían ser valorados y apoyados para que puedan ir como Tragsa o cualquier otra empresa pública en similares condiciones a sacar gente del paro. Su labor es fundamental y es cada día más necesaria, social y ambientalmente rentable para esta sociedad porque evita riesgos, favorece la producción sana de alimentos y el ahorro de agua y disminuye la dependencia exterior que nos mantiene en una situación de incertidumbre creciente respectos a acontecimientos externos, como ocurre con el actual conflicto ucraniano cada día más irracional y, acaso por eso, más peligroso para todos.
Ahora mismo, para obtener una simple tarjeta de transporte se exigen unos exámenes que están aprobando los licenciados en Derecho. Un padre no puede de ninguna manera traspasársela a un hijo que esté dedicado a lo mismo. A esos extremos estamos llegando y en algunos oficios eso sencillamente significa la certeza de un final inminente.
Los trabajos forestales -éste lo es y resulta cada día imprescindible-, no se pueden hacer ni con temporeros ni con personas no vinculadas al territorio y así se están haciendo mayoritariamente las cosas hoy mediante las empresas públicas, con unas condiciones inasumibles por el pequeño si no se le apoya o se le deja de poner la zancadilla a cada paso.
¿Podemos, en este sentido, caerle arriba con la hacienda pública a un jubilado que quiera sembrar un par de sacos de papas y mantener un par de huertas libres de zarzales? Meditemos sobre ello. Algo se está haciendo francamente mal cuando estas cosas ocurren a nuestro alrededor sin que se oiga, por parte de nadie, ni un “ya está bueno”.
Wladimiro Rodríguez Brito y Juan Jesús González Afonso
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