Fue allá por marzo de 2008 cuando el por entonces alcalde de San Juan de la Rambla, Manuel Reyes, firmó y publicó un bando en donde se advertía que debido al “estado de abandono, donde la acumulación de malezas y materia vegetal, por su fácil combustión, puede favorecer la producción y la propagación de incendios” se debería “proceder a su completa limpieza y acondicionamiento, a la mayor brevedad posible, en caso contrario, y con independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir, el ayuntamiento podrá adoptar las medidas de policía y ejecución subsidiaria que legalmente procedan”. Por otro lado, terminaba el bando, “podrán los interesados obtener información acerca de la posibilidad de recibir ayudas para los trabajos de limpieza referidos en este bando”.
Hay otro bando posterior de recordatorio, entrado el verano de 2010, donde, dada la situación de riesgo real para la seguridad de los bienes e incluso de las personas, se establecía un plazo de 30 días para la ejecución de esos trabajos (desbrozar, pasar tractor, etc). Y hay quien piensa, creemos que no sin razón, que dicho bando tuvo que ver con la pérdida de Reyes de la alcaldía unos meses después en las elecciones de 2011.
Y pudiera ser -no debe ser eso mucho suponer-, que la experiencia de San Juan de la Rambla haya tenido que ver con el hecho de que hasta día de hoy los ayuntamientos, y todas las administraciones en general, huyan cual gato del agua a la hora de asumir ciertas responsabilidades incómodas que pudieran costar votos. Decisión ésta que es fruto, básicamente, de la desinformación o ignorancia del riesgo ya que probablemente ni el reciente incendio, con miles de personas desalojadas, nos ayude a tomar conciencia del riesgo real. En el fondo tuvimos suerte porque los peligrosísimos vientos del sureste tuvieron a bien mantenerse tranquilos durante las más de dos semanas durísimas que duró el siniestro.
Porque hay que ser claros al respecto y señalar que nos encontramos ante una catástrofe ambiental con pocos precedentes por su extensión, por el daño ecológico y económico muy importante que ha supuesto, con zonas de pinar de muy difícil recuperación e incluso en pinares repoblados hace 50 años, como es la situación con la que nos encontramos en los altos de La Orotava y en las inmediaciones de El Portillo y demás. Pero todo eso no es nada, o es muy poco, con lo que nos podríamos haber encontrado en caso de que el fuego hubiera venido acompañado de vientos fuertes del sureste.
Es muy difícil imaginar qué hubiera pasado con vientos catabáticos entre el Pico de las Flores, Montaña Grande y Montaña del Cerro con ráfagas de estos vientos hacia el barranco de Las Lajas, hacia la costa de Tegueste y Tacoronte o hacia la comarca de Ravelo-Acentejo. No es la primera vez, eso es sabido por todos, que vemos fuegos cruzando la TF-5 de manera virulenta, pero desde luego -y afortunadamente- no con incendios de estas proporciones.
La población de Tenerife lleva 500 años robándole tierra al monte para cultivar, de ahí el topónimo de “Las Rosas” que nos podemos encontrar en tantos lugares de Tenerife y que no se refiere al rosal precisamente, sino a la acción de rozar o limpiar el monte para crear zonas de cultivo hoy mayormente abandonadas y sin gestión. De ahí surgió la lucha de Manuel Reyes hace más de una década ya. En esas condiciones estaban Las Rosas y La Esperanza cuando el fuego se plantó en Montaña Grande y la concentración imponente de medios aéreos y terrestres consiguió frenar lo que podía haberse tornado en un drama.
Aunque es pronto para asumir todo el daño que ha provocado este incendio, al que ahora denominan los técnicos como de “sexta generación”, no cabe duda que debemos poner sobre la mesa a la mayor urgencia propuestas razonables ante las nuevas amenazas relacionadas también con el cambio climático, las sequías, la crisis agraria y un largo etcétera.
En este sentido, tenemos que decir que no podemos asumir como normal la existencia de majanos de monte público, pinares de proporciones importantes, a tres metros de las viviendas. La situación de esos caseríos debe ser enfrentada con políticas o de sustitución del tipo de vegetación con fallas o plantas menos combustibles o, en tal caso, si se mantiene, que sea con pinos de menor porte y que no representen el riesgo actual.
Por otro lado, no podemos permitirnos abandonar los antiguos cortafuegos, hoy ignorados en gran parte. Léase como referencia el de La Victoria (de la dorsal a los castañeros), el de Icod el Alto (del Pino Llorón a la Fortaleza) o La Resbala en los altos de Santa Úrsula y La Orotava. Necesitamos de estos cortafuegos limpios para que, al menos en condiciones de poco viento, nos den cierto grado de garantía para trabajar y controlar la extensión del fuego.
Se trata de una lectura geoambiental, quizás la que acaso intuitivamente llevó al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla a plantear como prioritario proteger los entornos urbanos de cara al verano con la retirada de combustible y vegetación, en lo que además debe tener su papel la cabaña ganadera, que está casi desaparecida en la actualidad. Es ésta una responsabilidad municipal que si por cualquier motivo los responsables locales no saben o no pueden asumir -o no se atreven por posibles repercusiones electorales- debían ser otras instancias las que se involucren por la seguridad de todos. Hay que tomar decisiones que, aunque no den votos, vayan en beneficio de la sociedad. Si no, nos arriesgamos a tener algún día un incendio que se nos puede ir de las manos.
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